"Es una locura el bono alimentación de Bs. 10.000 para los magistrados"

 

"¡Eso es una locura!", exclamó el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Soto Rojas, sobre el bono alimentación de 10.000 bolívares que se asignaron los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.
Soto Rojas aseguró que el asunto será analizado por el Poder Legislativo y dijo estar interesado en la denuncia que ayer formalizó el diputado de Primero Justicia Juan Carlos Caldera, ante el Consejo Moral Republicano.

Caldera solicitó que lo resuelto por las autoridades del TSJ sea calificado de falta grave y se active el procedimiento establecido en el artículo 11 de la Ley del Poder Ciudadano, en caso de que se presuma que la actuación de los máximos jueces del país atenten, amenacen, o lesionen la ética pública y la moral administrativa establecida y cuando adopten decisiones que atenten o lesionen los intereses de la nación.
De acuerdo con lo planteado por el diputado Caldera, este es el inicio del procedimiento que conduciría a que la Asamblea Nacional pueda destituir a los magistrados que incurrieron en la falta grave. "Estamos pidiendo la calificación que conlleve la destitución de los magistrados que recibieron este beneficio. Conocemos que hay alrededor de cinco magistrados que rechazaron esta tarjeta alegando la ilegalidad del monto de este beneficio, porque viola la Ley de Emolumentos y devolvieron este cesta ticket", señaló.
Caldera, acompañado del coordinador nacional de Primero Justicia, Julio Borges, presentó un escrito para solicitar la apertura del proceso a los magistrados, en el cual asegura que a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, le corresponde, como presidenta del Poder Moral, atender las diligencias que conduzcan a sancionar a los autores de la falta, quienes se "embucharon" cesta ticket de 10 mil bolívares, en violación flagrante de la Ley de Emolumentos, aprobada por la Asamblea Nacional saliente.
Durante el fin de semana, también el coordinador de la Comisión de Lucha Social de la Mesa de la Unidad Democrática, Enrique Ochoa Antich, anunció que acudirá al Poder Moral para proponer una investigación por faltas graves al artículo 265 de la Constitución de la República contra los magistrados que hayan aceptado ese bono.