Si hay alguien que no le desea privación de libertad absolutamente a nadie soy yo, por eso casi siempre recomiendo evitar meterse en asuntos que pueden salir mas adelante con problemas que conllevan a investigación y juzgamiento en base a las leyes de la República.
Lo anterior tiene que ver, con esa campaña que ciertos y determinados sectores de la derecha venezolana han puesto a rodar desde hace varios meses, referido a la búsqueda de libertad a través de indulto presidencial de personas involucradas en delitos cometidos en el marco del Golpe de Estado que la burguesía criolla y la embajada de los Estados Unidos planificaron y ejecutaron aquellos lamentables días de abril del 2002, o aquellas tropelías en la Plaza Altamira, donde usaron a un ciudadano de nacionalidad Portuguesa para crear un estado ciertamente de caos y terror y como si fuera poco ordenaron asesinar y así lo hicieron a varios soldados del ejército nacional.
Concretamente el 11 de abril 2002, utilizaron la movilización de una gran marcha de gente y donde utilizaron francotiradores y policías para asesinar al pueblo que por diferentes razones estaban en la calles en dos grandes bandos opuestos y por razones diferentes. (Muertos que ya habían anunciado en grabación televisiva hecha mucho antes que ello sucediera)
Quienes cargan “esa cruzada de libertad para supuestos Presos Políticos”, obvian el hecho que sus defendidos han sido o están siendo juzgado por haber cometido delitos de alto calibre, que en su mayoría no eran ni son sujetos o agentes políticos, ya que en su momento ejercían y actuaban como funcionarios públicos al servicio del Estado Venezolano, por tal razón no es acertado invocar su condición de “sujetos políticos”-
¿Y además qué autoridad está facultada para absolver del cumplimiento de la ley a alguien sea quien sea ó se autoproclame político, si en la vida real ha cometido desafueros contra el Estado de Derechos de la República?
Otros tantos de los supuestos políticos, son reos que fueron juzgados o están en proceso por delitos contra la cosa pública, es decir, metieron sus manos en la Hacienda de la República como el ex gobernador del Zulia prófugo exiliado en el Perú, o en su defecto banqueros que hundieron y llevaron a la quiebra entidades financieras y están prófugos en los Estados Unidos, Panamá o Bogotá.
Los muy caraduras andas por ahí pidiendo clemencia, para aquel que se juramentó groseramente como Presidente de la República de Venezuela el 12 de abril de 2012 y quien es prófugo de la justicia, pero vive “su exilio dorado” allá en Bogotá y para complementar los muy descarados en la lista de clemencia y perdón, aparecen altos jerarcas de la auto denominada “Gente del Petróleo” que hicieron tantos daño al pueblo Venezolano en aquellos días aciago donde junto a tahúres sindicalistas hicieron sufrir terriblemente a millones de compatriotas.
Ovejitas para quienes ahora “con caras de yo no fui”, piden que se haga justicia al revés; que se haga borrón y cuenta nueva, que todo se deje en el olvido, y para éllo, usan el chantaje de que es la única manera para que llegue la paz al país. Según eso, la oligarquía, pitiyanquis, es decir la derecha venezolana puede planificar y dar golpes de Estado, tener el derecho para llamar a Paros Generales que hagan sufrir al pueblo y que dañe la economía del país, es decir consideran tener patente de corzo para quebrar bancos, especular en los negocios, para robar a sus clientes y cuando la justicia les alcanza, entonces creen tener privilegio de autoproclamarse bajo la figura de agentes políticos.
¿Entonces dónde queda la verdadera justicia? ¿Es que acaso para el pueblo que cayó bajo las balas de policías Metropolitanos y francotiradores de la embajada de los Estados Unidos los días 11,12, y 13 de abril de 2002, la justicia debe taparse los ojos y oídos para hacer caso omiso a esos crímenes?
¿Acaso el saboteo (llamado Paro Petrolero) que conllevó a que la República perdiera cerca de 20 mil millones de dólares se puede quedar así como así?
¿O será que el “Brevísimo Pedro Carmona” tiene corona y se le puede premiar por ser autor intelectual junto a otros prófugos de haber orquestado y llevado a cabo el Golpe de Estado en abril del 2002, de haber secuestrado y ordenado el asesinato del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela?
Se le haría un gravísimo daño al proceso revolucionario, si la derecha se salieran con las suyas, esa derecha que no descansa ni un segundo tratando de sacar al líder de la patria de la conducción de la República, esa derecha camaleónica que como siempre anda disfrazada como lo está haciendo ahora: especie de hermanita de la caridad.
Que necios somos que no queremos aprender las lecciones que nos dejo el padre Libertador, cuando en su Manifiesto de Cartagena (que por cierto está cumpliendo 200 años), refirió atinadas causas del fracaso de la pérdida de la Primera República, señalando entre otras “traiciones y perdones”; perdón que casi siempre traía consigo otra traición.
Craso error si llegáramos a caer en ese juego, si quedan sin castigo delitos de la burguesía apátrida, que se cree con el derecho de violar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; es terrible el solo pensar que a fin de cuentas todo se quedará bajo el manto de la impunidad.
La derecha antidemocrática, criminal, golpista y antinacional, debería cesar en ese chantaje y entender que el Presidente Chávez, ni el poder judicial está por encima de la verdadera justicia. Sería interesante que se percataran que aquí según la Constitución vivimos “un Estados democrático y social de Derecho y de Justicia” y que esos valores también protegen al pueblo, a ese, al que se le violentaron todos sus derechos humanos, razón más que suficiente para exigir que por lo menos esos engreídos o verdugos que ahora piden clemencia, deberían por lo menos pedir perdón al noble y gallado pueblo venezolano, que sufrió y aún padece secuelas de aquellos hechos antidemocráticos y criminales de los años 2002 y 2003.
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